La cara oculta de la justicia: pobreza, castigo y prisión

 
En la teoría, el sistema de justicia penal está diseñado para proteger a la sociedad y sancionar la conducta delictiva. Pero en la práctica, en América Latina no todos los culpables van a la cárcel, y muchos de quienes están tras las rejas ni siquiera han sido condenados.

Lo que marca la diferencia quizás no sea la culpabilidad, sino el acceso a una buena defensa legal o el nivel socioeconómico del acusado, una realidad sostenida por cifras, estudios y experiencias acumuladas a lo largo de los años. La cárcel, lejos de ser un espacio para la justicia, se ha convertido en una trampa diseñada para capturar a quienes menos tienen y no puedan pagar por una defensa más justa.

🧾 El perfil del encarcelado en LATAM: Pobre, sin sentencia y sin defensa efectiva

Según Luis López-Calda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en promedio, cuatro de cada diez personas privadas de libertad en América Latina y el Caribe están encarceladas sin haber sido condenadas, PNUD, 2023.

Es decir, en promedio, el 40% de las personas privadas de libertad en la región, podrían permanecer meses o incluso años en prisión preventiva, no por haber sido halladas culpables, sino por un sistema de justicia lento, ineficiente o por no poder pagar una defensa privada, una fianza o tener otras condiciones socioeconómicas que les permitan acceder a medidas alternativas a la prisión.

Este porcentaje podría subir hasta un 50% en países del Caribe, y en otros como Bolivia y Paraguay, la prisión preventiva podría alcanzar el entre el 65% y 70 %, una cifra alarmante que atenta contra el principio de presunción de inocencia, además, este y otros estudios señalan que quienes permanecen en prisión preventiva de forma prolongada, son más propensos a declararse culpables, lo que podría generar que personas inocentes y en estado de vulnerabilidad, terminen tras las rejas ante la presión que ejerce el sistema y el deterioro de su estado psicoemocional al permanecer de manera prolongada en el encierro.

Otros estudios revelaron que en Costa Rica, las personas que utilizan defensa pública podrían tener entre 12 % y 26 % más probabilidad de ser condenadas, dependiendo del tipo de delito (Global Investigative Journalism Network, 2017). La diferencia persiste incluso al controlar variables como nacionalidad, experiencia judicial o naturaleza del delito.

🧨 ¿Cuántos inocentes hay en prisión?

En países como Estados Unidos se estima que entre el 1 % y el 3 % de las personas encarceladas son inocentes. Esta cifra, aunque aparentemente baja, representa a miles de seres humanos privados de libertad por errores judiciales, y que en algunos casos han pasado hasta 15 años en prisión por delitos que no cometieron [A Matter of Conviction, 2016]. Los datos también revelan que un 70% de quienes recibieron una condena injusta, fue a causa de una identificación errónea por parte de los testigos y un 28% fue encarcelado por medio de una confesión forzada.

En América Latina, no existen estadísticas regionales consolidadas, pero esta cifra podría ser igual o incluso superior, debido a la precariedad institucional, la falta de defensores públicos eficaces, la corrupción y la discriminación estructural. Un estudio reciente publicado en Latin American Research Review confirma que la criminalización se concentra en jóvenes, hombres pobres y personas sin educación secundaria completa LARR, 2023.

En El Salvador, el propio presidente Nayib Bukele admitió que de las más de 80 000 personas detenidas bajo el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, al menos 8 000 fueron identificadas y liberadas por ser inocentes. Esta revelación fue hecha durante su visita oficial a Costa Rica en noviembre de 2024, en el contexto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Aunque Bukele defendió estas detenciones como “no perfectas” y afirmó su intención de liberar al “100 % de inocentes”, esta cifra representa aproximadamente el 10 % del total de detenidos, aunque diferentes organizaciones han indicado que esta cifra podría ser mayor.

Estos datos revelan un patrón generalizado en la región: la justicia penal encarcela principalmente a personas de bajos recursos, con escaso acceso a educación formal y sin redes de protección institucional. No porque sean quienes más delitos cometan, sino porque carecen de herramientas para defenderse dentro de un sistema adverso, lento y burocrático.

💸 El costo de criminalizar la pobreza

Más allá de la injusticia humana, el impacto económico también es devastador para la región. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y la violencia le cuestan a la región casi lo mismo que lo que se invierte en educación: entre el 3 % y el 3.5 % del PIB regional Reuters, 2024. Es decir, se invierte casi igual en castigar que en educar y mucho menos en investigación y desarrollo.

Paradójicamente, este gasto no mejora los índices de seguridad ciudadana. La implementación de políticas públicas basadas en la mano dura y el populismo punitivo mediante la creación de más leyes, muchas de ellas sin presupuesto para su ejecución (CRHoy, 2025) no ha reducido la criminalidad, pero sí ha aumentado la población penitenciaria y con ello, el hacinamiento, la violencia dentro de las cárceles y la reincidencia.

En contraste con el modelo latinoamericano tradicional, en Brasil existe una alternativa que se diferencia de estos sistemas en la región: el modelo implementado por la Asociación para la Protección y Asistencia a los Condenados (APAC), que funciona desde hace algún tiempo en ese país y ha sido replicado en más de 100 unidades. DW, 2021 – Al Jazeera, 2023.

En este modelo penitenciario:

• No hay guardias armados.
• Los internos gestionan gran parte de las actividades.
• Se prioriza la educación, el trabajo y el respeto por la dignidad humana.
• La reincidencia se reduce al 15 %, frente al 80 % en el sistema carcelario convencional brasileño.
• Costo mensual de USD 300 por persona, un tercio del gasto estatal regular.
• Reduce la violencia tanto dentro como fuera de las cárceles.
  

No obstante, también ha recibido críticas:

• Atiende una minoría del total de la población penitenciaria.
• Su replicabilidad depende de voluntad política, financiamiento y adaptación cultural.
• Enfoque religioso predominante, aunque no obligatorio, los procesos tienen una base cristiana fuerte; críticos señalan que para ingresar es requerido cierto compromiso religioso, lo cual podría vulnerar diversidad de creencias.

En otros países como Noruega, el sistema penitenciario está diseñado sobre la base de la reintegración y no la venganza. En la prisión de Halden, los guardias no portan armas, los internos participan en programas educativos, y se fomenta una relación basada en el respeto mutuo. El resultado: una tasa de reincidencia del 20 % BBC, 2019, muy por debajo del promedio global.

El Brennan Center for Justice ha documentado cómo estos modelos europeos —centrados en la dignidad humana— logran mejorar la seguridad pública y reducir los costos sociales del encarcelamiento Brennan Center, 2021.

Una advertencia para Costa Rica en tiempos de elecciones

De cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Costa Rica, el tema de la seguridad ciudadana ha cobrado protagonismo. Algunos sectores políticos han empezado a promover modelos de mano dura similares al que se aplica en El Salvador, presentándolos como soluciones mágicas para reducir la criminalidad.

Sin embargo, como demuestran las estadísticas y la experiencia internacional, encarcelar más no necesariamente significa vivir más seguros. Al contrario, perpetuar un sistema penal que castiga la pobreza, ignora los derechos humanos y sobrecarga las cárceles, solo genera más violencia, desigualdad y frustración social a largo plazo, una situación que ya ha empezado a reflejarse en El Salvador donde cada vez son más los sectores que denuncian abusos e injusticias por parte del Estado.

La cárcel en América Latina se ha alejado de su propósito de justicia y en muchos casos se ha convertido en un destino para las personas más vulnerables y que no pueden acceder una buena defensa. El sistema actual reproduce desigualdades, desperdicia recursos y lo peor, no contribuye a mejorar la seguridad en la región.

Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que defiende el respeto a los derechos humanos, sin embargo el deterioro social y el sentimiento de impunidad y desconfianza en el sistema, peligra que el país se desvíe de este camino, pero aun estamos a tiempo de avanzar hacia una justicia penal más humana, eficaz y digna.

Por lo que se hace necesario abrir el debate con base en datos y experiencias, no en emociones, desconfiar de los discursos de "mano dura" que ofrecen seguridad a cambio de derechos y exigir políticas públicas que garanticen igualdad ante la ley, no solo en el papel, sino en la práctica.