Lo legal no siempre es correcto
Solemos pensar que aquello que la ley permite es, automáticamente, lo correcto. Sin embargo, no siempre es así. La legalidad se refiere al cumplimiento de las normas jurídicas establecidas, mientras que la ética y la moral apuntan a lo que consideramos justo o correcto desde el punto de vista humano y social.
El problema surge cuando ciertos funcionarios o personas con poder se valen de portillos legales, vacíos en la normativa o procedimientos mal diseñados para justificar conductas cuestionables. En términos estrictos, quizá no están violando la ley, pero sus actos difícilmente se alinean con los valores de responsabilidad, transparencia o servicio al bien común.
La desconfianza ciudadana
Cuando la ciudadanía observa que alguien acusado de corrupción, abuso de poder o mala gestión logra salir bien librado simplemente porque “la ley lo permite” o porque encontró la forma de defenderse en tecnicismos procesales, el resultado es devastador: crece la desconfianza en el sistema de justicia e incentiva a otros a actuar igual ante la ausencia de castigo o sanción. La percepción social es que las reglas no se aplican de manera justa y que la impunidad está garantizada para quienes saben moverse con astucia en los laberintos legales.
Si bien es cierto, ser acusado no es sinónimo de culpabilidad, y es necesario ser rigurosos en el debido proceso, también es cierto que los casos de corrupción o mala gestión que llegan a tener una consecuencia, parecen no ocurrir en las altas esferas políticas o públicas.
Esta desconexión entre lo legal y lo ético alimenta un círculo peligroso. Por un lado, deteriora la credibilidad en las instituciones, y por otro, refuerza la idea de que “todo se vale” siempre que pueda ser defendido jurídicamente. Con ello, la justicia pierde fuerza como valor social y se convierte en un juego de estrategia, donde no gana quien tiene la razón, sino quien sabe aprovechar mejor las debilidades de la ley.
Reformar para cerrar portillos
De ahí la importancia de revisar los procedimientos, reforzar los vacíos legales y modernizar las normas que se han vuelto ambiguas, obsoletas o que dificultan la labor investigativa. Más aún, es necesario dar mejores herramientas a quienes administran justicia para que no dependan únicamente de tecnicismos, sino que puedan actuar con un verdadero criterio de equidad y protección del interés público.
Desde la política es posible dar un paso decisivo hacia la coherencia entre lo legal y lo ético. Esto implica que los legisladores asuman la responsabilidad de diseñar leyes más claras, modernas y alineadas con principios de trazabilidad, integridad y transparencia. También demanda voluntad política para priorizar reformas que cierren portillos y fortalezcan los mecanismos de control. Solo cuando quienes crean las normas tengan como guía no solo la letra de la ley, sino también su espíritu ético, podremos aspirar a un sistema más justo y creíble.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es clara: ¿queremos un sistema donde lo importante sea cumplir la ley al pie de la letra, aunque se pase por encima de la ética, o uno en el que la legalidad y la moral caminen de la mano?